CANARIAS: FAMILIARES DEL “CRUZ DEL MAR”
EL ATENTADO AL CRUZ DEL MAR FUE POR EL FRENTE POLISARIO
Los Gobiernos de España siempre han guardado silencio
El Gobierno español no facilitó jamás los resultados de la investigación que se realizó sobre quiénes habían sido los asaltantes del Cruz del Mar. Todos los datos apuntaban a un comando del Ejército de Liberación Popular Saharaui, brazo armado del Frente Polisario, pero las implicaciones diplomáticas que conllevaba juzgar a los independentistas saharauis en un contexto político tan delicado fueron más determinantes que aplicar el rigor de la Ley.
El Frente Polisario negó su autoría escasas 24 horas después del ataque.A la llegada a puerto de los tres supervivientes, el Vicealmirante Comandante General de la Zona Marítima de Canarias responsabilizaba directamente al Frente Polisario: “La fórmula de agresión es la típica del Frente Polisario”. Para este responsable militar, que la organización saharaui independentista reivindicase el ataque o no era prescindible: “Unas veces conviene reivindicar el hecho y otras no”. De hecho, recordó que el Frente Polisario también negó haber llevado a cabo la matanza del Zuiderster, cuyos tripulantes habían también sido saqueados y asesinados en cubierta en una acción similar: “Eso depende de quién se lo crea”, manifestaba Jaraiz Franco. Ambas acciones eran demasiado impopulares y hubieran perturbado gravemente los apoyos que recibía la causa saharaui en España. Se vinculaba aquel ataque con otro que se había producido escasos días antes contra un pesquero marroquí, con sólo dos personas asesinadas gracias a que el buque pudo huir tras aprovecharse de un incidente en la lancha neumática del comando del Frente Polisario. Las primeras declaraciones de los supervivientes apuntaban también en esta misma dirección. Los asesinos se habían identificado durante el asalto como “saharauis que España había vendido a Marruecos”.
Eso sí, nunca mencionaron al Frente Polisario. También tuvieron palabras para recriminar a los pescadores que estuvieran faenando en aguas reivindicadas por el Frente Polisario. Durante el prolongado tiempo que permanecieron en el barco, más de una hora, la tripulación del Cruz del Mar pudo reconocer a algunos de los asaltantes. Uno de los asesinos había contado a los pescadores que había sido expulsado hacía poco tiempo de Lanzarote y declaró que trabajaba en unos frigoríficos.
Efectivamente, una escueta nota emitida por el Gobierno Civil de Las Palmas el 1 de Marzo de 1978 (La Provincia, 1 de Marzo de 1978, pag36) informaba que, “en cumplimiento de las órdenes de extranjería e infracciones de orden público siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior”, nueve saharauis, varios relacionados o representantes del Frente Polisario en Canarias, habían sido ordenados a salir de territorio español. Entre ellos se encontraba Mohamed Salem Hach Embarec, delegado del Frente Polisario en Gran Canaria.La expulsión de estos saharauis fue una reacción del Gobierno español tanto por las amenazas de guerra del Frente Polisario a raíz de la firma del acuerdo hispano-marroquí de pesca de febrero de 1978, como por el apoyo de Argelia al Movimiento por la Autodeterminación e Independencia de Canarias ante la Organización para la Unidad Africana. La expulsión del Frente Polisario fue la respuesta política del Gobierno español. La cuestión del Sáhara Occidental y del independentismo canario iban de la mano: Argelia estaba detrás del apoyo que recibían Frente Polisario y MPAIAC. Uno de los supervivientes, Eusebio Rodríguez, de 25 años y catorce pescando, casado con dos hijos, manifestaba estar seguro de la autoría del Frente Polisario: “Estoy convencido de que fue el Frente Polisario por la forma que utilizaron. Estoy seguro que son ellos.
No hay duda que son ellos, sobre todo por el correcto idioma que utilizaban. Toda la vida me acordaré, incluso nos dijeron que comprendían nuestra situación y que tenían en gran estima a Canarias. Al final hasta comieron con nosotros, y los mataron como conejos. Fue horrible”.
Manuel Hernández, otro de los trabajadores que sobrevivió la tragedia, también afirmaba estar “convencido” de haber reconocido a otro de los asesinos, que según él, había trabajado en un aljibe de La Güera durante la presencia española en el Sáhara Occidental.
La cercanía de maniobras militares por parte de Marruecos en la región fue motivo de confusión. El Frente Polisario enviaba desde Argel, cuarenta y ocho horas después del atentado, un telex publicado por el diario La Provincia bajo el epígrafe Una masacre de estilo inconfundible (La Provincia, 1 de Diciembre de 1978) que intentaba contrarrestar desesperadamente lo que la mayoría de la opinión pública ya pensaba. El Frente Polisario culpabilizaba a las autoridades marroquíes y citaba en particular dichas maniobras: “En efecto, un barco de pesca español acaba de ser hundido por las fuerzas expansionistas marroquíes que pretenden hacer maniobras militares en las costas de nuestro país, como ya se indicó en un comunicado hecho público la semana pasada por el capitán de navegación español Julio Sierra”. Sin embargo, se pudo confirmar que éstas se llevaban a cabo mucho más al sur, cerca de Villa Cisneros y Cabo Leven, zona de máxima peligrosidad y controlada por los independentistas saharauis. Según fuentes de inteligencia, precisamente esta circunstancia, que las tropas marroquíes se encontraran a tanta distancia y que el Frente Polisario tuviera conocimiento de ello, habría dejado desprotegida la zona norte de El Aaiún.
Un segundo comunicado, del que se hizo eco el periódico La Vanguardia, también recogía los argumentos del Frente Polisario para vincular a Marruecos con el ataque al Cruz del Mar, reproduciendo íntegramente la nota de la Comandancia Marítima de Las Palmas que informaba sobre las maniobras militares marroquíes en las cercanías del Cabo Leven. El artículo señalaba que el Frente Polisario evitaba a toda costa contrarrestar a nivel de la opinión pública el deterioro que las acusaciones sobre su hipotética participación en el hundimiento del Cruz del Mar hubieran causado en España. (La Vanguardia, 9 de Diciembre de 1978, pag. 9)
Después del silencio inicial de Unión de Centro Democrático, su Secretario de Relaciones Internacionales, Javier Rupérez, manifestaba en Las Palmas de Gran Canaria que lo único que podía decir era que el Frente Polisario había desmentido su participación, recordando que cuando esta organización saharaui cometía un atentado, “siempre se lo atribuía inmediatamente”. Rupérez estaba en una situación política muy comprometida. No en vano, era él quien había negociado la liberación de los pescadores secuestrados de Las Palomas. De confirmarse que el Frente Polisario era el autor de esta matanza, se habrían puesto en entredicho las negociaciones o conversaciones mantenidas semanas antes, la interlocución, el reconocimiento oficial de UCD a la organización independentista saharaui y los compromisos finales, públicos o secretos, que se pudieron alcanzar.
La editorial de 1 de Diciembre de El País titulado Piratas en aguas del Sáhara, ponía a Javier Rupérez en una situación incómoda: “En el supuesto de que haya sido el Frente Polisario, con el apoyo logístico argelino, el responsable de la matanza sobre la cubierta del Cruz del Mar, el aboroto organizado en su día por el gobierno español (UCD) al congreso polisario y la liberación de los pescadores apresados en Argelia como rehenes, sería una prueba de la frivolidad de la política exterior del partido en el gobierno. Pero en tal caso, la acción internacional del PSOE tampoco merece un juicio mejor”. (Eco de Canarias, 2 de Diciembre de 1978, pag. 7)
En una tensa conversación telefónica con el periódico La Provincia, Rupérez mostraba elocuentemente su desconcierto: “No descarto ni dejo de descartar nada, ni puedo confirmar o desmentir la actuación del Frente Polisario, porque no tenemos la certeza de que haya sido o no”.
Cualquier otra actuación violenta era posible y previsible, pero no con el impacto con el que se había producido ésta y que dejaba al gobierno español en una situación delicada. Una implicación firme del Frente Polisario habría roto política y diplomáticamente e impedido moral y éticamente no sólo la interlocución del gobierno con la organización saharaui, sino que además de perjudicar gravemente sus renovadas relaciones con Argelia, habría afectado gravemente a la campaña diplomática que España estaba llevando a cabo para impedir que el dossier del independentismo canario siguiera avanzando en la OUA con el apoyo aquel país norteafricano.
La estrategia consistió en primer lugar en pedir prudencia y tiempo para culminar la investigación, dejando que el tiempo enfriara las emociones. Las administraciones quedaron silenciadas, todas se remitían a las pesquisas judiciales que no terminaban de cerrarse. Por otro lado, se derivaba lo sucedido a la responsabilidad que Marruecos tenía sobre los caladeros saharauis. Javier Rupérez subrayaba que el incidente había tenido lugar en aguas bajo jurisdicción marroquí, lo que demostraba que Rabat no parecía tener “el grado suficiente de defensa para asegurar que los tratados internacionales con Marruecos sobre derecho de pesca español” estaban debidamente defendidos: “Todo país tiene el deber y el derecho de proteger sus aguas jurisdiccionales, aunque no sean aguas soberanas como en este caso”.
Ante la insistencia de la prensa y de la responsabilidad que tenía su partido y el Gobierno español en la desprotección de los pesqueros, se defendió advirtiendo que él no había firmado los Acuerdos Tripartitos pero que sí tuvo conciencia de los errores cometidos al firmarse. Adelantó también, para calmar los ánimos, que las medidas que el Gobierno estaba adoptando acabarían posiblemente con “cualquier actividad terrorista contra los pescadores” y aseguró que cuando dialogó con el Frente Polisario sobre el caso de Las Palomas no se le hizo a él personalmente ninguna advertencia concreta: “En todo caso se la hice yo al Frente Polisario. Y una de las advertencias que les hice es que el proceso que en aquel momento se iniciaba era necesario de una parte y de la otra, sobre todo de la suya, que cualquier tipo de actividad contra los pescadores fuera terminada”. Con la sensatez de un experto diplomático, Rupérez sentenció: “Ni los saharauis, ni los marroquíes pueden tener interés en realizar este crimen. Racionalmente pensado, ninguno”. (Eco de Canarias, 2 de Diciembre de 1979, pag. 29)
Ciertamente, no funcionó ninguna de las medidas a adoptar, ni el Frente Polisario hizo caso de sus advertencias. Los ataques se repitieron durante ocho años más. En su argumentación, Rupérez obvió que los mensajes que había llevado a Canarias los secuestrados de Las Palomas escasas semanas antes estaban colmados de duras amenazas: “El Frente Polisario nos ha dicho que ya no habrá más liberaciones. El que cojan, no volverá a esta tierra”. El intento de secuestro y posterior ametrallamiento del Génesis -reivindicado- mientras el Frente Polisario anunciaba la liberación de los ocho secuestrados como “gesto de buena voluntad” fue tan real como la masacre del Zuiderster, o como las agresiones a los langosteros Maria Luisa y Batán en Septiembre, al Tela en Agosto, o al Lérez en Mayo.
“El Sáhara tiene saharauis, y yo he estado varias veces en el Sáhara, hablando con los saharauis, estableciendo contacto con ellos; y reconociendo la existencia del pueblo saharaui, el gobierno y el partido no piensan cambiar en cuanto a los análisis políticos hechos en la zona por los atentados de este tipo que se puedan producir, ni tampoco revocar ningún acuerdo. El pueblo saharaui existe, debe ser tenido en cuenta en el momento de pensar en una solución pacífica. De esto no nos cabe ni nos ha cabido nunca la menor duda. Pero que quede constancia también de que, sean cuales sean los autores y culpables de este acto vandálico, sobre ellos caerá todo el peso que en este momento pueda utilizar el gobierno español”, señalaba Rupérez.
Por su parte, el diario Pueblo lanzaba también una dura editorial Piratas y asesinos: “Es evidente que el Frente Polisario ya se ha apuntado otros éxitos en su lucha, como el secuestro de varios pescadores españoles y el asesinato de tres más cuando se pretendía forzar a España al reconocimiento de esa entidad llamada RASD, que ahora se niega a reivindicar su gesta. Acaso lo haga cuando pase algún tiempo y los asesinos se hayan diluido en la arena del desierto para escapar impunemente a su crimen. Pero no es necesario esperar para señalarlos. El Polisario parece haber dado nuevamente señales de vida cuando se producen los siguientes hechos que jalonan su presencia. (…) Acorralado, sin apenas posibilidades de supervivencia, el Polisario ha dado un tremendo palo de ciego con tal de colocar en la mesa de la OUA ocho cadáveres que recuerden su existencia; para advertir al presidente mauritano Ould Salek que todavía dispone de libertad de movimientos en las costas del Sáhara, y para forzar a los sucesores de Bumedian a proseguir el apoyo que el coronel les prestaba. Todo ello a costa de humildes trabajadores españoles impunemente asaltados en la oscuridad, salvajemente eliminados sin posibilidad de defensa”. (Cita de Pueblo por Diario de Las Palmas, 2 de Diciembre de 1978, pag. 10).
Días después, diferentes medios de comunicación ya empezaron a recoger filtraciones sobre el desarrollo de la investigación y en particular, sobre quiénes eran los terroristas.
El periódico El Eco de Canarias adelantaba el 8 de Diciembre que habían sido identificados al menos seis personas tras habérseles mostrado “más de cien fotografías procedentes del antiguo Gobierno General del Sáhara” y otras de archivos policiales recogidas por trámites (pasaportes, documentos de identidad o permisos de trabajo). Este periódico confirmaba que un número indeterminado de ellos había sido expulsado de las islas en Marzo de 1978 (Eco de Canarias, 12 de Diciembre de 1978, pag. 12). El periódico ABC publicaba El 12 de Diciembre en portada la noticia donde se leía: “Confirmado: los asesinos eran polisarios”. (ABC, 12 de Diciembre de 1978, pag. 1)
La confusión y la desconfianza eran máximas. Pese a que los supervivientes habían sido muy explícitos en identificar a los asaltantes y que los antecedentes también apuntaban sin género de dudas en la misma dirección, la investigación se ralentizaba. Las filtraciones e informaciones periodísticas añadían más suspense al informe oficial de las autoridades. El periódico canario Diario de Avisos destacaba irónicamente lo controvertido que estaba siendo este proceso: “Muy polémica debe estar resultando en las alturas gubernamentales el identificar o no a los asaltantes del pesquero Cruz del Mar. El dar o no dar a la luz pública la información obtenida en Las Palmas. El baile del sí y del no culminó en la edición del domingo de La Provincia, en donde se da por hecho que aquí se han identificado a ocho de los asaltantes y que son saharauis. Habrá que recordar que ya antes del referéndum (6 diciembre) se sabía la intención del gobierno civil de convocar con toda magnitud una rueda de prensa para informar de los descubrimientos hechos. Al día siguiente el despliegue informativo se limitaba al anuncio de que habría un comunicado. A las horas se decía que ni rueda, ni comunicado, nada de nada, y todo en el secreto. Secreto relativo como se ve, porque lo dicho el domingo más parece una filtración del propio Gobierno Civil que una sencilla especulación. Lo cierto es que la información existe, pero que las líneas telefónicas entre el Gobierno Civil y Madrid quedaron muy ocupadas en determinadas horas del pasado 7 de Diciembre, por aquello del ’que lo digo, que no lo digo”. (Diario de Avisos, 12 de Diciembre de 1978, pag. 10)
Es preciso advertir que cuando se supo que las pesquisas apuntaban directamente al Frente Polisario, empezaron a matizarse las primeras manifestaciones que exigían justicia. No sólo costaba que las autoridades dieran a conocer el resultado de la investigación. Una delegación de pescadores que viajaba a Madrid para reunirse con el Ministro de Trabajo acompañada por los sindicatos UGT y CCOO, empezaba a establecer otro orden de prioridades: En declaraciones a la prensa, aseguraban que “ni sabían ni les importaba” quién había asesinado a los tripulantes del Cruz del Mar, ya que “lo que debía importar era que no se repitieran los hechos” (Diario de Avisos, 13 de Diciembre de 1978, pag. 13). Y añadían: “Nosotros no entramos ni salimos ya en el reconocimiento de unos o de otros. Pero entendemos que las balas no tienen nombre, que existen los asesinos y que pueden actuar porque hay una situación de confusión en esa zona”. (Eco de Canarias, 14 de Diciembre de 1978, pag. 6)
Sus acompañantes de Comisiones Obreras aprovechaban la repercusión mediática para denunciar que el origen del conflicto estaba en la venta del Sáhara por el Gobierno español y los Acuerdos de Madrid, que según ellos, llevaron a Canarias a ser zona bélica. Los sindicatos consideraban necesaria la denuncia de dicho acuerdo, añadiendo que los problemas de seguridad creados estaban sirviendo para crear, con dinero español, una flota marroquí.
Mientras Alila Fatimet, miembro del Consejo Nacional de la RASD de gira por Alemania acusaba a Marruecos (Eco de Canarias, 13 de Diciembre de 1978, pag. 6), el Ministro de Información de la RASD, Mohamed Salem Ould Salek, concedía una entrevista en Argel a tres medios de comunicación españoles. En una información firmada por Alberto Mínguez de La Vanguardia, ofrecía “negociar con el Gobierno español un acuerdo que garantizara el trabajo y la seguridad de los pescadores”, advirtiendo que el regreso de buques militares a aguas del Sáhara Occidental podría “agravar el conflicto y representaba el regreso militar De España al Sáhara”. Responsabilizaba a Marruecos de la agresión al Cruz del Mar y sobre las relaciones con España, reconocía que tras la declaración conjunta firmada entre Polisario y UCD, había existido “cierto avance aunque insuficiente” por lo que “era necesario profundizar en el camino iniciado”. Justificó además la ruptura de negociaciones con Mauritania. (La Vanguardia, 7 de Diciembre de 1978, pag. 3). Esta oferta de plantear negociaciones políticas bajo el impacto de los muertos no fue aislada. Se volvió a repetir cuando se produjo la agresión mortal al pesquero Junquito y a la patrullera militar Tagomago en Septiembre de 1985 (El Polisario no atacará pesqueros si España se sienta a negociar, Canarias7, 2 de Octubre de 1985, pag11). El Polisario esperaba que la presión social y política, con muertos en caliente, obligara al Gobierno español a ceder en el reconocimiento oficial de la República Árabe Saharaui Democrática.
El 14 de Diciembre, el Juzgado de Instrucción número 3 de la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas hacía pública una requisoria referente a cinco procesados por “supuesto delito contra el derecho de gentes” ordenándose “su busca y captura y su puesta a disposición judicial”. Los presuntos terroristas eran: Mohamed Salem Ould Embarec, Mohamed Salem Ould Enhamed, Smail Ould Abbas (ex sargento de la armada marroquí que había desertado en 1974); Mohamed Embarec Malainin Brahim y Oufa Mohamed Bumerah Enhamed Sidi Brahim. (Diario de Avisos, 15 de Diciembre de 1978, pag. 7)
La noticia sorprendió al ministro de transportes y comunicaciones en escala en Gran Canaria, de regreso de Mauritania. Sánchez Terán se vio forzado a ofrecer una rueda de prensa en el mismo aeropuerto de Gando. La crónica de Diario de Avisos volvía a poner de manifiesto el desconcierto del propio Gobierno español ante este incómodo dossier. Decía este medio de comunicación: “Cuando ya cinco nombres de saharauis estaban en una requisoria de la Comandancia Militar de Marina por supuesto delito contra el derecho de gentes; cuando dos fotografías de ellos habían sido publicadas y cuando se habían ofrecido todo tipo de declaraciones, se esperaba al ministro para que diera la información adecuada, completa, oficial. Pero el ministro dijo que el gobierno no había terminado aún con sumario que se prepara sobre este tema”. La rueda de prensa se celebró a las once de la noche, tres horas y media después de la convocatoria a los medios. Diario de Avisos escribía: ‘Dijo el ministro que no había visto la nota de la Comandancia Militar de Marina, que se trataba de un proceso judicial; algo normal…. ¿pero el gobierno no ha terminado su dossier? ‘No está terminado…’ ¿Qué le falta? ‘Eso es secreto de sumario’. (Eco de Canarias, 15 de Diciembre de 1978, pag. 7)
Para añadir más esperpento a este episodio, horas antes reaparecía en Madrid el controvertido y polémico Ahmed Bujari. Era presentado como miembro del buró político del Frente Polisario y su misión era la de contrarrestar el impacto mediático de la noticia sobre dicha requisoria. Los precedentes de Boujari eran muy graves: había sido expulsado de España en Febrero de 1978 de regreso de un viaje a México cuando, en una polémica rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria a raíz de la firma del acuerdo de pesca hispano marroquí, “amenazaba de guerra a España” y de forma premonitoria y macabra, ofrecía dos alternativas: “quedarse huérfanos o morir de hambre”.
Bujari aseguraba que el Frente Polisario no había sido responsable del ataque: “Resulta claro que no hemos sido nosotros por la simple razón de que no estamos tan locos ni desesperados para destruir toda nuestra labor diplomática con una operación tan torpe como esta y porque confiamos plenamente en la victoria final. Por otra parte, siempre hemos reivindicado nuestras acciones armadas, porque son acciones militares de un pueblo que lucha por su libertad”.
El dirigente del Polisario argumentaba que “si en el origen de esta maniobra hubiera estado el Frente Polisario, para culpar a Marruecos no hubiésemos mandado un comando formado por saharauis hablando español y repitiendo continuamente el estribillo de ‘somos saharauis y estamos aquí para mataros’. Por el contrario, hubiésemos mandado un comando con traje y galones marroquíes dejando a dos o tres supervivientes para que pudieran testificar que los culpables eran del ejército marroquí”. Según él, resultaba además “demencial pensar que dicho comando estuviese integrado por personas fácilmente reconocibles”. Para él, Marruecos había “suplantado” al Polisario.
Este delegado saharaui afirmó que en menos de 24 horas pondrían a disposición del Gobierno español las pruebas concluyentes de la participación de Marruecos “si nos las pide”. Además, aseguró que uno de los acusados estaba cenando la misma noche de la agresión con “una personalidad levantina” y que el segundo estaba a miles de kilómetros del Sáhara y podía demostrar con quién se encontraba. Con respecto a la denuncia judicial, se acogió a las declaraciones del Sánchez Terán: ¿Por qué nuestros acusadores se han precipitado en acusarnos sin esperar la conclusión de las investigaciones?. Sin embargo, cuando la prensa le insistió en que entregara dichos datos, se negó a ello, tal y como denunció la prensa en aquel momento. (Diario de Avisos, 15 de Diciembre de 1978, pag. 7)
Buujari encontraba una respuesta para todo. Sabía incluso quién era el asaltante que hablaba español: “un miembro de la vigilancia marroquí conocido por conversar en castellano con los saharauis” que habitaban en el Sáhara Occidental “que ya nadie lo ha vuelto a ver”. También citaba aviones de reconocimiento marroquíes horas antes de la agresión, del convoy del asalto, que iba y venía, y del número personas dentro de una lancha neumática… (Diario de Avisos, 15 de Diciembre de 1978, pag. 13)
No existe ningún tipo de constancia a día de hoy, pese a que a años después, grupos próximos al Frente Polisario distorsionaron los hechos afirmando que el representante del Frente Polisario había ofrecido todos los datos, de que Ahmed Bujari haya presentado en algún momento algún tipo de información relevante ni en el ámbito judicial, ni político, ni de medios de comunicación que contenga indicios creíbles que involucren a Rabat en la masacre. El ministro de asuntos exteriores del España declaraba en el Congreso de los Diputados en 1980 que había solicitado la información a las partes, pero que ésta no había sido concluyente.
Uno de los sospechosos en busca y captura, Mohamed Salem Ould Embarec, que fuera responsable del Frente Polisario en Las Palmas de Gran Canaria, se prodigó desde Argel en declaraciones a medios de comunicación defendiendo su inocencia y responsabilizando a Marruecos. Según Salem, el mismo día del atentado terrorista se encontraba en Argel y al día siguiente había participado en una conferencia de prensa en la que habían participado algunos periodistas españoles. Pedro Egurbide, de Diario 16; Joaquín Portillo, de Radio Nacional de España; y Alberto Mínguez, de La Vanguardia.
Tanto Portillo como Mínguez confirmaron que se habían encontrado con Mohamed Salem en Argel. Sin embargo, una circunstancia ponía en entredicho su coartada. Según ellos dos, la rueda de prensa no se había celebrado el 28 de Noviembre sino ocho días más tarde, el 6 de Diciembre. Este hecho fue destacado por los periódicos Diario de Avisos, que entrevistó a Portillo, y La Vanguardia, que hizo lo propio con Alberto Mínguez. Éste manifestó que el encuentro tuvo lugar cuando mantenían una larga conversación con el ministro de información de la RASD, Mohamed Ould Salek, estando allí presentes Mohamed Salem –a quien conocía durante su etapa en Las Palmas de Gran Canaria- y una tercera persona que tomaba notas. El corresponsal de La Vanguardia relató cómo Salem le manifestó su sorpresa porque se le vinculara al asalto y recordó que el día anterior, el diario Pueblo había publicado un artículo en primera página donde se decía que un comando incontrolado del Frente Polisario había sido el autor de la masacre: ‘Me hubiera gustado enseñarle aquel ejemplar, pero los celosos aduaneros argelinos del aeropuerto de Dar el Beida me la requisaron”. Alberto Mínguez, en descargo de Mohamed Salem aunque sin “entrar ni salir en el tema”, afirmó que la fotografía publicada se parecía bien poco al “verdadero Salem”, y manifestó sus dudas de que en seis días fuera capaz de llegar a Argel desde el Atlántico. Con respecto a lo primero, Ahmed Bujari confirmaba ese mismo día en la rueda de prensa celebrada en Madrid que las imágenes se correspondían con la de los dos miembros del Frente Polisario. En lo que se refiere a la distancia, durante el secuestro de pescadores del Junquito se pudo demostrar que se transportó a los secuestrados a los campamentos de Tinduf en escasos tres días, con mayor control marroquí sobre la zona.
Mohamed Salem no se presentó nunca a la justicia española (La Vanguardia, 15 de Diciembre de 1978, pag. 4; La Vanguardia, 15 de Diciembre de 1978, pag. 5). “Paquito”, como se le llamaba en Canarias, era una persona conocida. Uno de los pescadores secuestrados en el Las Palomas le había propuesto a su llegada a Canarias después de cinco meses de cautiverio que fuera el padrino de una de sus hijas. El sector pesquero quería tener una buena relación con él. No en vano, los pescadores tenían que regresar al banco sahariano y se sabía que Mohamed Salem realizaba labores de información, posiblemente señalando objetivos y remitiendo notas sobre el impacto y reacciones que causaban los atentados.
La reunión del Consejo de Ministros de 16 de Diciembre fue calificada por la prensa como decepcionante: “El Gobierno tiene datos contradictorios sobre el ataque al pesquero Cruz del Mar y no está en disposición de ofrecer una nota pública sobre el suceso, dada su trascendencia. La presa ha manejado acusaciones importantes que no están contrastadas y que utiliza en su derecho de informar, pero la posición del Gobierno no puede adoptarse en base a hipótesis”. El secretario de estado para la Información manifestó que no debían existir dudas de que el gobierno facilitaría las conclusiones de la investigación cuando ésta se hubiera cerrado.
Esa misma semana, la editorial de El País decía: “Hace ya más de tres semanas que el ministro de Transportes regresó de Canarias con la certeza de haber reunido pruebas concluyentes que permitían al Gobierno identificar a los autores del atentado terrorista que costó la vida a ocho pescadores españoles. Tres semanas después esperamos esas supuestas pruebas. Todo sugiere que las mismas podrían ser utilizadas para incriminar indistintamente a los diferentes posibles, autores o incitadores de los hechos”. Este mismo periódico señalaba en otrainformación que el Gobierno de España tenía datos que hacían pensar que Marruecos preparaba una acción de este tipo.
En Febrero de 1979, el presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, declaraba en una prensa refiriéndose a los asesinatos del Cruz del Mar que “en cuanto tengamos noción de quién los instigó tomaremos medidas enérgicas. El tratado con Marruecos no ha sido ratificado (parlamento marroquí), y por tanto no ha entrado todavía en vigor”, por lo que dijo que la responsabilidad de los hechos que se cometieran en aguas territoriales marroquíes era exclusiva de esa nación.
En Julio de ese mismo año, el diputado de Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, formulaba una interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones sobre la autoría del Cruz del Mar, sin respuesta.
El 16 de Diciembre de 1979, un periodista de Diario de Avisos se dirigía al ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca para interesarse por el Cruz del Mar. Pérez Llorca se limitó a decir que “está haciendo una información muy buena la Comandancia de Marina y tan pronto como se conozcan los resultados de este informe se harán plenamente públicos”. Después de un “forcejeo dialéctico” sobre el caso del Cruz del Mar y del Mencey de Abona, el Ministro diría: ‘Toda la información que se disponga se hará plenamente pública’.
En Enero de 1980, el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Alianza Popular, Guillermo Kirkpatrick, se dirigía al consejero de Pesca de la Junta de Canarias para comunicarle que el 13 de Diciembre de 1978 había realizado una interpelación al Gobierno solicitando información sobre lo ocurrido con el Cruz del Mar y las medidas que se iban a adoptar para asegurar el respeto y garantizar la seguridad de los pescadores y que doce meses después de su presentación, la interpelación no había teñido respuesta.
Año y medio después del atentado terrorista, el 15 de Abril de 1980, el senador socialista Alberto de Armas preguntaba otra vez al Gobierno durante la sesión plenaria del Senado de 15 de abril de 1980: “Centrando el tema de la interpelaci6n, es suponer que el Gobierno haya llevado a cabo en este período de diecisiete meses las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, identificar a los agresores. El abordaje del (Cruz del Mar) y el asesinato de la mayoría de su tripulación constituye un acto gravísimo y crea una natural sensación de inseguridad y temor en los pescadores canarios y peninsulares que faenan en estas aguas. Por eso, procede que el Gobierno informe a la Cámara sobre: Primero, qué investigaciones se han llevado a cabo sobre los hechos citados; segundo, si se han agotado las vías normales para recabar la colaboración de partes extranjeras para esclarecer la agresión; tercero, si, en caso de haberse fundado la responsabilidad extranjera, se han realizado los actos que frente a ella corresponden y, este caso, cuáles han sido estos actos españoles (…)”.
Suárez Terán-Hernández, ministro de Transportes y Comunicaciones, respondía: “En lo que respecta a la primera, relativa a las investigaciones en el procedimiento judicial instruido por este salvaje atentado y como consecuencia de las declaraciones de los tres supervivientes, se ha podido identificar a algunos de los presuntos asaltantes, que, según los archivos policiales, habían tenido residencia en Las Palmas. La autoridad judicial de Marina que instruye el procedimiento ha cursado requisitorias de búsqueda contra estas personas, sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados. El Gobierno, como es su norma en caso de atentados o de accidentes, no prejuzga la culpabilidad hasta que no se haya resuelto el correspondiente procedimiento judicial, en este caso, por la autoridad militar. En cuanto, a la segunda y tercera preguntas, que están interrelacionadas, el Gobierno ha realizado gestiones con todas las partes extranjeras presentes en la zona y todas ellas han ofrecido la información de que disponían, sin que ello haya significado un esclarecimiento definitivo del atentado”. PS0051 Suárez Terán había afirmado escasas horas después el atentado a la salida de la primera reunión de trabajo que mantuvo en el Gobierno Civil de Las Palmas con los máximos responsables militares del archipiélago. “Tenemos logrados suficientes elementos de juicio para opinar sobre la identidad de los agresores, pero nuestro deber es informar primero al Gobierno”.
Nuevamente, durante la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de 2 de Octubre de 1985, a raíz de la expulsión de España del Frente Polisario, el diputado Mardones Sevilla preguntaba nuevamente sobre esta cuestión, sin obtener ningún tipo respuesta: “¿Se estableció en algún caso por el Gobierno español alguna solicitud de información al señor Bujari sobre la suerte que corrió el pesquero llamado Cruz del Mar o su investigación? ¿Qué información nos puede dar el señor Ministro de Asuntos Exteriores sobre la situación de este barco desaparecido?”.
En el mismo debate, el diputado Herrero Rodríguez de Miñón realizaba la siguiente intervención: “(…) Realmente mutaciones de la verdad ha habido muchas. Recuerden ustedes que cuando se produjo el ametrallamiento más grave de los habidos, creo que fue el del buque «Cruz del Mar, el Gobierno, con fecha 8 de mayo de 1985, negó ante el Pleno de la Cámara que el Polisario tuviera la menor responsabilidad. Pues bien, lo contrario había sido declarado no sólo por el comandante de Marina de Canarias, sino por el Gobierno Civil de Canarias en una nota que después me voy a permitir repartirles a ustedes y a los medios de información, porque con papel timbrado del Gobierno Civil de Las Palmas se señalan los nombres y apellidos de los responsables del Polisario de ese ametrallamiento. El que el Gobierno Civil diga una cosa allí y el señor Ministro de Exteriores, antecesor del señor Fernández Ordóñez, diga otra cosa aquí demuestra que también alguien hace una mutación de la verdad. Yo les digo, señores, que esto hay que aclararlo. Hay que terminar con la oscuridad informativa porque esa oscuridad es siempre mala, pero, además, ahora está costando vidas españolas y graves intereses a España”. (Documento CI_79, Congreso de los Diputados)
La prensa y la sociedad de Canarias nunca dejaron de buscar la verdad.
Conclusiones
Los antecedentes de ataques a pesqueros, las primeras declaraciones de los supervivientes, los resultados de las primeras investigaciones y la forma en que se desarrollaron los acontecimientos una vez que Gobierno Civil y Comandancia Militar de Marina de Canarias pusieron nombre y apellidos a los terroristas, fortalecieron en su momento las tesis que responsabilizaban al Frente Polisario del asesinato de siete tripulantes del Cruz del Mar. Sin embargo, la perspectiva más amplia que se obtiene al poder analizar el comportamiento violento del Frente Polisario durante diez consecutivos años de ataques (1977-1987) es la que resulta más fiable.
Hubo fricciones entre el llamado aparato político y el militar del Frente Polisario. La estrategia de la violencia no era compartida, aunque este desacuerdo no exime de su responsabilidad al entonces Secretario General, Mohamed Abdelaziz, que como máximo responsable del Frente Polisario autorizó y validó estos atentados terroristas contra población civil con el objeto de obtener un rédito político de ellos: el reconocimiento oficial de la República Árabe Saharaui Democrática.
La reivindicación o no de los ataques por parte de los comandos del Frente Polisario no fue nunca un argumento concluyente. No todos fueron asumidos por esta organización saharaui. En algunos, por la evidencia indiscutible de su autoría; en otros, cuando sus dirigentes comprobaban el efecto negativo que producían en su imagen exterior. Era habitual que responsables del Frente Polisario localizados en diferentes lugares se contradijeran entre ellos. El ejemplo más evidente fue el ataque contra el pesquero Junquito y la patrullera Tagomago. A sabiendas del error y las repercusiones que conllevaba, destacados líderes independentistas saharauis no dudaron un instante en acusar a Marruecos escasas horas después de conocerse la noticia. En este caso, la existencia del secuestro, de testigos y de que un incidente contra un barco militar no sería pasado por alto, evitó la manipulación. El armamento y la munición utilizada, siempre de origen soviético, fue siempre una prueba irrefutable de la que hicieron uso las autoridades españolas.
La coordinación entre el comando asaltante y la dirección fue otro aspecto singular. Cometer un atentado y que los terroristas lo confirmaran a su base en Argelia tomaba tiempo, quizás días. Por esta razón, la reivindicación se convertía en muchas ocasiones en algo improvisado, casi aleatorio. Cuando los representantes del Frente Polisario en España o Argelia intuían o comprobaban que el impacto de un ataque era contrario a sus intereses y al propio objetivo que se buscaba con la agresión, en escasas horas, sin verificarlo con los propios comandos operativos en la zona o en Tinduf, negaban automáticamente la autoría. Esto dio lugar múltiples rectificaciones a medida que los acontecimientos iban aclarando las circunstancias. Es así que cuanto más tiempo transcurría desde el ataque a la reivindicación, más probable era el acierto. La responsabilidad del asalto al Cruz del Mar fue negada en primera instancia por el Frente Polisario en menos de 24 horas.
La lógica de los ataques, esto es, su oportunidad política en un determinado momento, tampoco es un argumento que exculpe a priori al Frente Polisario. Es así, por ejemplo, que al mismo tiempo que Javier Rupérez finalizaba en Tinduf la negociación sobre la liberación de los secuestrados del Las Palomas (que se produjo el un 16 de Octubre de 1978) y dirigentes del Frente Polisario -como su ministro de Defensa Brahim Gali- transmitían a los medios de comunicación el “gesto de buena voluntad” hacia el pueblo español, se producía un brutal ataque con ametrallamiento e intento de secuestro contra el pesquero Génesis (4 de Octubre de 1978). Los gestos de acercamiento entre Argelia y España gracias al fracaso del MPAIAC en la cumbre de Jefes de Estado de la OUA en Jartúm no fueron tampoco excusa para que se ametrallara al María Luisa y otros cuatro langosteros en Septiembre de 1978. Fueron incomprensibles los ataques el Junquito y al Tagomago, pero sucedieron. E igual que como sucedió después del atentado al Cruz del Mar, el Frente Polisario ofreció al Gobierno español negociar la seguridad de los pescadores, eso sí, con muertos sobre la mesa. Incluso asumiendo en un comunicado que aquel atentado había sido un “lamentable error”, el Frente Polisario volvía a matar durante su ametrallamiento al Andes y con toda seguridad al Puente Canario.
La crueldad del asalto al Cruz del Mar, analizado en aquel momento, sorprendió a muchos. Esto se convirtió en el principal argumento al que se acogió el Frente Polisario para defender su inocencia. Ni mataban a sangre fría ni mucho menos robaban los efectos personales de los barcos que asaltaban. El asalto al holandés Zuiderster en Octubre de 1978, casi en el mismo momento que al Génesis, del que tampoco se responsabilizó al Frente Polisario, fue una masacre que tampoco tenía precedentes. El hecho de que no fuera un barco español silenció su impacto: robo, ejecución de la tripulación a sangre fía y rematados con machetes (los cuchillos del equipo de submarinismo del que presumía el Frente Polisario en las exhibiciones). Procedimiento idéntico al Cruz del Mar. También hubo cuchillos, salvo que aquí el tiro de gracia se hizo con disparos de metralletas. Los supervivientes responsabilizaron al Frente Polisario. El brutal ataque alPorto Ceu o Sindaba-1 también son poco conocidos en España. En el caso del Costa de Terranova en Septiembre de 1980 los asaltantes “se preocupaban más en llevarse las cosas que en las personas”. Es decir, el bandidaje también era una práctica entre los asaltantes.
Además de legitimar política, ética y moralmente unos comportamientos extremadamente violentos e injustificables desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario, los argumentos de la organización saharaui y sus simpatizantes en España para responsabilizar a Marruecos se fundamentan en dos aspectos: la trayectoria de las autoridades marroquíes desde 1962, presionando a pesqueros españoles que faenaban en sus aguas, incluso con ametrallamientos; y en que comandos militares marroquíes pudieran haber ocasionalmente “suplantado” a la organización saharaui para crearle problemas con España y hacer peligrar el acercamiento de este país a Argelia.
La actividad de las patrulleras militares marroquíes fue de permanente acoso y chantaje a la flota pesquera que faenaba en aguas saharauis, forzando de esta manera la firma de acuerdos de pesca que favorecieran sus intereses nacionales, aunque posteriormente no fueran ratificados por Rabat. También Mauritania actuó de la misma forma. No en vano, el ametrallamiento del Juancho en 1980 fue presuntamente realizado desde una patrullera militar mauritana durante la misma negociación del acuerdo hispano-mauritano. Pero también hubo disparos de advertencia de barcos militares y aviones marroquíes contra pesqueros españoles que se adentraban a pescar en la zona de seguridad de 12 millas establecida por Marruecos al no poder garantizar la seguridad de quienes faenaban tan próximos a la costa. Rabat no quería incidentes en sus aguas, porque eso evidenciaba que no tenía el control sobre ellas y por lo tanto comprometía los propios acuerdos de pesca. El Frente Polisario, por su parte, quería demostrar que sus tropas dominaban la región. Con su ataques, no sólo ponía en evidencia a Marruecos, sino que obligaba a los países que querían faenar en aquellos caladeros a reconocer al Frente Polisario o la República Árabe Saharaui Democrática, como fue el ejemplo de Portugal, aunque tuviera consecuencias trágicas. Ceder al chantaje se convierte en un ciclo de extorsión permanente que de no aceptarse, se convierte si cabe en más violento.
Hay que advertir que ningún pescador falleció en ningún incidente marítimo con Marruecos o Mauritania en el periodo comprendido entre 1977 y 1987. Hubo decenas de apresamientos por carecer presuntamente de licencia de pesca o acceder a zonas restringidas que se resolvían habitualmente mediante procedimientos administrativos, el pago de multas o el embargo de la carga. No eran considerados actos de piratería ni de terrorismo.
En este contexto, el Frente Polisario incriminó a Marruecos en todos los asaltos que tuvieron un impacto negativo y por supuesto, resultado de muerte, pero nunca aportó alguna prueba fiable: Zuiderster, Cruz del Mar, Porto Ceu, desaparición de dos pescadores en 1984, Junquito,Tagomago… Ninguna autoridad española acusó a Marruecos de alguno de estos incidentes. Sólo exigían a Marruecos que garantizara la seguridad en las que, de hecho, eran sus aguas jurisdiccionales.
Las declaraciones de los pescadores también podían establecer confusión. En términos generales, normalmente vinculaban los ataques al Frente Polisario. Pero también hubo momentos en los que manifestaban sus sospechas de que hubieran sido marroquíes. En el caso del Cruz del Mar, uno de los supervivientes, Miguel Ángel Rodríguez García, declaraba en el año 1985 al periódico Lancelot que, después de la confusión inicial donde todos los indicios se dirigían al Frente Polisario, una reflexión más serena le hacía pensar que podían ser los marroquíes. Su argumentación se basaba en la fuerte presencia militar marroquí en la zona, considerando que era imposible que el Frente Polisario pudiera acceder allí y actuar con aquella libertad. Las crónicas recogen que la misma mañana del ataque al Cruz del Mar, los tripulantes del pesquero Virgen de las Nieves detectaron la presencia de varias zodiac que se iban acercando y que según ellos, debían provenir del mismo lugar donde estaban las posiciones marroquíes. Gracias a que rápidamente puso los motores en marcha y se alejó del lugar es probable que se evitara otro atentado. Es contradictorio que Marruecos hubiera cometido un ataque la noche anterior y se arriesgara a plena luz del día a acometer segunda agresión con el ánimo de suplantar al Frente Polisario.
En las entrevistas con los medios de comunicación, los pescadores preferían mantenerse al margen de quién les secuestraba o les asesinaba, y en su defecto, salvo que fuera evidente, optaban por acusar a Marruecos, que en ningún caso les secuestraría o les mataría Al fin y al cabo, ellos debían volver a la mar y era probable se volvieran a encontrar con los mismos asaltantes. Los representantes del Frente Polisario en Canarias informaban de los movimientos de la flota pesquera. Era tal el terror que invadía al sector pesquero que hubo casos en los que los pescadores solo aceptaron tomarse fotos tomadas de espalda para evitar ser reconocidos por los saharauis. En otros casos, las manifestaciones que realizaban a la prensa eran modificadas durante la declaración al juez.
Por último, se debe tener en cuenta la sucesión de amenazas que realizó al Frente Polisario durante el año 1978. Del tener que elegir “entre huérfanos o muertos de hambre” de Ahmed Bujari en Febrero de 1978l, a las advertencias de los rehenes del Las Palomas después de siete meses secuestrados en el desierto argelino: “Nos han dicho que el que vaya, no volverá”.
La razón por la que se congeló la información oficial sobre el ataque al Cruz del Mar tiene un razonamiento político indudable. Los datos de la investigación que se iban conociendo responsabilizaban sin género de dudas al Frente Polisario. La presión social exigía la respuesta más dura ante los asesinos y el Gobierno no podía darle la espalda a la sensibilidad de la sociedad canaria hacia esta cuestión. Pero admitir la autoría del Frente Polisario y proceder conforme a ello traía consigo una situación de máxima tensión, no solo a nivel del conflicto del Sáhara Occidental, sino también por el decisivo apoyo que Argelia prestaba al Movimiento por la Autodeterminación y por la Independencia de Canarias, MPAIAC, ante la Organización para la Unidad Africana. En aquel momento, España en ninguno de los casos podía permitirse romper su interlocución con el Frente Polisario. Estaba en juego la propia integridad territorial del país y la estrategia de España en la región norteafricana.
Por este motivo, todas las declaraciones de responsables gubernamentales se remitieron a la investigación en curso, que nunca terminaba de finalizarse pese a la insistencia de los medios de comunicación y a las iniciativas políticas. Los sospechosos de haber participado en el atentado, identificados por los supervivientes después de pasar más de una hora con ellos, todavía “no habían sido localizados”, según confirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones en el plenario del Senado en Abril de 1980. Esta respuesta era difícilmente creíble. Se buscaba enfriar la situación aunque mientras tanto, se hicieran promesas de aplicación de la justicia y de total transparencia en la información.
Se ha escrito mucho sobre este cobarde asalto. El Frente Polisario ha convertido la confusión generada y el silencio oficial en una suerte de “árbol que no deja ver el bosque”. Este atentado sigue siendo la primera página de un conjunto de más de 34 ataques identificados en una década. Pero es el único del que continúan haciéndose referencias, obviándose que los secuestrados, heridos y muertos de otros pesqueros, españoles o no españoles, también eran personas que merecían una respuesta ajustada a la Ley.
“Yo no le puedo decir, con carácter estrictamente oficial, que el Cruz del Mar fuera ametrallado por el Frente Polisario, pero sí le puedo contar, de fuentes absolutamente fidedignas que esto ocurrió así. Además, fue la facción polisaria prolibia la que propició este ametrallamiento”.
Esta fue la declaración fue realizada por el senador socialista Alberto de Armas, recogida en el periódico Canarias7 el 1 de Octubre de 1985, sobre la autoría de aquella matanza justo cuando el Ministerio del Interior español procedía a la expulsión de todos los miembros del Frente Polisario que residían y trabajaban en el país. Alberto de Armas, tal y como citaba el diario, era uno de los expertos más importantes sobre este conflicto, había liderado diversas iniciativas en éste ámbito y fue él quien en Abril de 1980 se dirigía al Gobierno en el Senado a razón de este asunto. Armas matizó que esta “facción prolibia” se hallaba “un poco fuera de control” del mando del Frente Polisario.
Sólo esto se dijo cuando ya no importaba decirlo: el presidente del Gobierno español, Felipe González, había tomado horas antes la decisión que Adolfo Suárez no pudo ejecutar en el ejercicio de sus responsabilidades ante la máxima sensibilidad política de aquellos años. González había advertido al Frente Polisario que no toleraría el asesinato de ningún ciudadano español, y cumplió.
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