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lunes, 9 de agosto de 2010

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PUBLICADO 8 AGOSTO 2010

¿PORQUE FUE CESADO EL COMISARIO JEFE DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA DE NUESTRA CIUDAD JULIAN  SÁEZ-ARENILLA?


Redacción: El pasado 9 de julio 2010, el Presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Arbechan, en rueda de prensa,  demostró a los medios de comunicación que la cubríamos, un documentos, en el cual implica al que fuera Delegado del Gobierno de la ciudad, en el Gobierno de José Maria Aznar y Presidente Regional el PP y en la actualidad Presidente de la Autoridad Portuaria Arturo Esteba, donde presuntamente según el documento, se implicaba a los hermanos Juan José Imbroda y Blas Jesús Imbroda, aunque el líder de la oposición no facilito a los medios de comunicación dicho documentos, argumentando que seria presentado como pruebas de las persecuciones del Presidente Imbroda hacia su persona y que será trasladado a la Fiscalía a fin de que tomarse las medidas pertinentes, manifestando igualmente, que el asunto se encontraba en el Congreso de los Diputados, al haberse llevado ciertas reuniones, presiones y abuso de autoridad  en el propio despacho del entonces Delegado del Gobierno Arturo Esteva, donde según nuestras fuentes en la reunión que se llevará el próximo mes de septiembre entre el líder de CPM con el Diputado de Izquierda Unida  Gaspar Llamazares y que asistirá - Cayo Lara, se reunirán entre otros con el Presidente de Justicia y presuntamente con el Fiscal General del Estado.
Según ha tenido acceso nuestro periódico, por envió remitido, publicamos íntegramente el articulo con texto de Juan Luís Galiano en Interviú  sobre los hechos acaecidos según el autor, donde nuestro periódico, nada tiene que ver con el contenido de la publicación, limitándose exclusivamente ante el envió a su publicación.

“ Primero lo intentó con el delegado del Gobierno del PP. Después, en el del PSOE, e incluso escribiendo al ministro del Interior: el presidente de la ciudad de Melilla, Juan José Imbroda, toca toda clase de teclas exigiendo que le quiten de encima a los policías que investigan, por orden judicial, presuntas irregularidades, prevaricación y malversación de fondos en su gestión. Dice que los agentes cometen "perversas actuaciones" contra él. El jefe de la policía de Melilla ya ha sido trasladado.

Texto: Juan Luís Galiano

La magistrada Belén García Iglesias no se hizo esperar. El pasado 14 de abril, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Melilla dictaba una providencia con rapidez inusual enla Administración de Justicia. Contestaba a un insólito fax que había llegado al juzgado a las 11 de esa misma mañana. Se trataba de un aviso de Carlos Ramos Goris, inspector jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía en Melilla, contando que, por “requerimiento del Sr. Delegado del Gobierno”, el comisario jefe provincial de Policía, Julián Sáez-Arenilla, le había ordenado verbalmente “puntualizar diversos extremos” sobre una investigación de su Grupo al presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz. Al delegado del Gobierno en Melilla se lo habían pedido a su vez el presidente Imbroda (del PP) y su hermano Blas Jesús, presidente del Colegio de Abogados de Melilla, ambos imputados en casos de posibles malversación y prevaricación que investiga la Justicia. Elinspector Ramos, para “no incurrir en ningún tipo de responsabilidad”, pedía “autorización a su señoría para informar”. La juez contestó duramente recordando que “corresponde exclusivamente a este órgano instructor dirigir la investigación”; también que “cualquier diligencia que a las partes personadas interese habrá de ser instada por los cauces legalmente previstos”; y ordenando al inspector que “en lo sucesivo, ponga en conocimiento de este órgano judicial cualquier otra indicación que reciba contra] la instrucción”. El último prodigio en la ciudad de Melilla: dos ciudadanos investigados por la policía se sentían con poder suficiente como para exigir a la policía que les informara de sus pesquisas. Había bastado una llamada al delegado del Gobierno, Arturo Esteban Albert, que todavía no había sido sustituido por los socialistas. Esteban es un hombre próximo a José María Aznar. Hace pocos días fue elegido presidente regional del PP. Al poco de tener que dejar la Delegación del Gobierno, Imbroda le ha dado la presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla. Los policías presionados no son unos novatos. El inspector Ramos lleva ya seis años en Melilla. Fue quien en 2002 descubrió la trama de blanqueo de capitales del narcotráfico que llevó a prisión a Francisco Suárez, ex consejero de Economía del Gobierno Imbroda. Investigar aquello fue un trabajo duro: mientras lo hacía le llovían críticas del entonces delegado del Gobierno, Esteban Albert.
El comisario Sáez-Arenilla ya hace un mes que dejó Melilla. Actualmente es comisario jefe en Ávila. Fuentes de la oposición melillense ven una relación directa entre su marcha de Melilla y este caso. Julián Sáez-Arenilla, según las mismas fuentes, no solicitó su traslado. Muy al contrario, dijo a sus allegados que “se marchaba muy a disgusto porque por primera vez se había acoplado a una ciudad”. Llevaba años en la plaza como comisario jefe. Los mandos policiales, como otros funcionarios, cobran por trabajar en Melilla casi el doble de lo que ganarían en la Península, por lo que suelen intentar permanecer en su puesto por muchos años. Las mismas fuentes relatan que la salida de Sáez-Arenilla fue traumática. Lo hizo notar él mismo el 23 de septiembre, en un conocido restaurante melillense, durante una comida de despedida con sus hombres. Portavoces de la Dirección General de la Policía dicen no saber “nada de nada sobre este tema. ¿Por qué no llaman a Melilla y se enteran?”.
De nuevo a la carga Con sus presiones del mes de abril, los hermanos Imbroda querían averiguar qué sabía a su vez la policía sobre tres asuntos: el posible uso de un testaferro para inscribir una casa en la calle Covadonga de Melilla relacionada con Juan José Imbroda, si entre 1996 y 1997 el presidente ocupó algún cargo en Emvismesa (Empresa Municipal de la Vivienda de Melilla) y el origen y destino del sueldo que el presidente percibe por su cargo. En el Tribunal Supremo se están viendo dos querellas en la Causa Especial 13/04. El magistrado de la Sala II Enrique Bacigalupo investiga presuntas irregularidades en las ventas, cesiones y permutas de terrenos en Melilla que pertenecieron al Ministerio de Defensa y que pasaron a la Administración autonómica. También estudia un informe de la policía judicial sobre un presunto doble cobro de dietas por Imbroda. El Supremo debe determinar si el presidente melillense cobra por sus viajes a Madrid como tal y como senador del PP. Por ser persona aforada, el asunto lo tiene el Supremo, y está parada la instrucción en el Juzgado 5 de Melilla, que hizo las primeras diligencias siendo su titular Francisco Manuel Oliver Egea, hoy destinado en Torremolinos. No sólo en abril presionó Imbroda políticamente. En septiembre pasado llamó a puertas más altas, aunque no de su partido. El día 9 le dirigió una carta al ministro del Interior, José Antonio Alonso, para “poner en su conocimiento una serie de perversas actuaciones que han cometido contra mí miembros de la Comisaría de Policía de Melilla, consistiendo éstas en falsas acusaciones probadas documentalmente. Falsedades que dieron lugar a la apertura de diligencias por el Juez D. Manuel Oliver contra mí”. Otro prodigio en la ciudad de Melilla: la carta de Imbroda tuvo respuesta. El 21 de septiembre, José Luís de Benito, director del Gabinete del ministro, le decía al presidente melillense que había recibido la carta. “Le comunico que del contenido de todo ello se ha dado traslado, para su valoración, al Secretario de Estado de Seguridad y al Director General de la Policía”. Poco después, el día 21, cambiaba de destino el comisario jefe Sáez-Arenilla.
Las “operaciones perversas” a las que se refiere Imbroda fueron bautizadas por la policía con los nombres Operación Ático y Operación Dieta. En esta última se investigaron presuntas irregularidades en la cuenta 3058 0960 03 2720002505 de Cajamar, a nombre de Unión del Pueblo Melillense (UPM), partido que preside Juan José Imbroda, y desde julio de 2003 integrado en el PP. En esa cuenta, en la que tiene firma principal Imbroda, se ingresa el dinero que la ciudad autónoma destina a la UPM como partido con representación en la Asamblea melillense. Dentro de la Operación Dieta, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía en Melilla elaboró el informe 5.840, que estudia el patrimonio del presidente de la ciudad autónoma. En su página 84 indica que “el hecho de que al señor Imbroda no le constan titularidades podría deberse a la intención de ocultar un patrimonio utilizando para ello testaferros, en este caso, su esposa”. Se refiere a la propiedad de la calle Covadonga (finca número 9990) de Melilla, cuyo titular es la mujer de Imbroda, Francisca Conde. A raíz de estos informes, el presidente de Melilla también ha escrito al actual delegado del Gobierno, el socialista José Fernández Chacón. Fue también el 9 de septiembre. De nuevo Imbroda intentaba quitarse de encima a los policías: “Quiero poner en tu conocimiento para los efectos oportunos los delitos que contra mí han cometido miembros de la Comisaría de Policía de Melilla...”, le decía al delegado del Gobierno, según el texto al que ha tenido acceso interviú. En su misiva, Imbroda advierte a Fernández Chacón de que sufre “una conspiración”, niega haber cobrado dobles dietas y califica de calumnia la investigación sobre el posible uso de un testaferro para su propiedad de la calle Covadonga, pues, asegura, es de su esposa por herencia. El presidente también se refiere a la investigación policial en torno a su participación en Emvismesa como llena de “mala fe”. “Por todo lo anterior, Delegado –dice el presidente en su carta–, te solicito tomes las medidas correspondientes (...), entre las que espero el relevo inmediato del cargo de inspector jefe autor de las falsedades documentales anteriores”.
Tres investigaciones El senador Juan José Imbroda preside Melilla desde julio de 2000 con 15 diputados de la UPM-PP contra siete de Coalición por Melilla, el partido del musulmán Mustafá Aberchán, y tres del PSOE.
Dos presidentes de los cuatro que ha tenido Melilla hasta ahora han sido inhabilitados por la Justicia para ejercer cargos públicos: Ignacio Velázquez (PP, de 1991 a 1998) y Enrique Palacios (PP, de 1998 a 1999). Las querellas contra Imbroda que ahora estudia el Supremo fueron puestas por Enrique Palacios, hoy líder del Partido Independiente de Melilla, que arguye que “muchas veces Imbroda ha percibido dietas dobles de desplazamiento a la Península. Lasargumenta como visitas a ministerios, dándose la casualidad de que se realizaban en días de sesiones en el Senado”. Imbroda ha presentado al Supremo un escrito del Senado que niega que “perciba dietas por asistencia a sesiones de pleno y comisión”, pero sí una“indemnización por gastos de desplazamiento urbano”. El abogado de Imbroda es su hermano Blas Jesús. Para éste, “la oposición manipula. Denuncian un importe mensual que va a la cuenta de UPM, donde Juan José figuraba como firma autorizada. Pero es un ingreso, como lo hace el PP y el PSOE, de los gastos de funcionamiento en la Asamblea que corresponden oficialmente a UPM. Con ese importe, mi hermano pagaba los sueldos de un asesor de UPM y de la auxiliar administrativa, pero nunca iban a parar a él. La policía ha visto el ingreso, pero no su salida”. La investigación sobre Emvismesa se refiere a un convenio urbanístico de 1997. Defensa cedió una parcela a la ciudad a condición de dedicarla sólo a fines sociales. La parcela fue cedida por Emvismesa, en la que Imbroda era miembro del consejo de administración, a la constructora Llanos de Hidum como contrapartida en la compra de un solar, valorando la finca en 20 millones de pesetas, aunque su valor de mercado superaba los 50 y, además, incumpliendo la condición. Constituían Llanos de Hidum un destacado militante de UPM, dos empresarios... y Blas Jesús Imbroda. El Supremo investiga si hubo trato de favor. El hermano del presidente lo niega: “En esas fechas Juan José hacía una oposición muy dura al Gobierno popular de Ignacio Velázquez. Y se abstuvo como consejero en la votación”.
“Imbéciles”
En el entorno del inspector Ramos comentan que está muy tranquilo. No es la primera vez que trabaja en medio de la tormenta. Hace unos meses le investigó Asuntos Internos de la Policía, y también por indicación de la familia Imbroda, por unas intervenciones telefónicas practicadas en la instrucción del caso Novolujo, un asunto de presunto tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los inspectores de Asuntos Internos estuvieron una semana en Melilla, pero comprobaron que las actuaciones del Grupo de Blanqueo de Capitales habían sido correctas, siempre bajo la supervisión del fiscal y el juez de aquella causa. El inspector Ramos ha comentado a sus allegados que no descarta, una vez que acabe esta batalla, emprender acciones judiciales contra el presidente por las continuas descalificaciones que éste le dedica. Estas descalificaciones ya han sido puestas en conocimiento del ministro del Interior mediante un documento entregado el 19 de octubre en la Delegación del Gobierno en Melilla por las asociaciones Pro Derechos Humanos y SOS Melilla. En el escrito, ambas asociaciones cuentan que Imbroda califica al magistrado y al policía que iniciaron la investigación de “imbéciles, imbecilísimos, incompetentes”.Publicado por Interviú”