UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA QUIERE ACABAR
CON LA CORRUPCIÓN QUE ASOLA A ESPAÑA
CON LA CORRUPCIÓN QUE ASOLA A ESPAÑA
Guerra: “Son medidas efectivas contra la corrupción, que evidentemente no apoyarán ni PP ni PSOE porque se les caería
el palo del sombrajo”
el palo del sombrajo”
Ángel Valencia: El candidato de Unión, Progreso y Democracia a la presidencia de la Ciudad Autónoma, en rueda de prensa, se ha referido a la proposición de ley orgánica presentada en el Congreso por su formación política para endurecer las penas contra los delitos de corrupción. Una proposición “seria y profunda” a juicio de Emilio Guerra, que vendría a modifica hasta una decena de leyes, varias de ellas orgánicas, “para luchar contra esta lacra que lastra la democracia y provoca el descrédito de políticos e instituciones”.
Una de sus medidas más importantes, es una modificación de la Ley Electoral para que los imputados por terrorismo o por corrupción contra los que se haya abierto juicio oral no puedan ir en ninguna lista, es decir, para que sean inelegibles. UPyD propone cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan dictar, durante la investigación de un caso de corrupción, que el imputado sea suspendido de forma cautelar de empleo o cargo público.
Cambio en el código penal
En cuanto al endurecimiento de las penas, también proponen los upedistas cambiar el Código Penal para incluir en el cohecho impropio a los directivos de los partidos y no sólo a los responsables públicos. Para ese caso, una pena de seis meses a un año de prisión a los dirigentes políticos que admitan dádivas, regalos, beneficios o ventajas que se le hagan por su cargo con el propósito de influir en el ejercicio de sus funciones.
Sobre la Ley de Contratos, UPyD propone «reducir al mínimo» las contrataciones a dedo, ahora autorizadas para los contratos menores. En este sentido, plantean que estas contrataciones sean las de menos de 15.000 euros cuando se trate de obras, o de 6.000 euros cuando sean otros contratos (como organización de eventos). Además, ninguna empresa podrá ser adjudicataria en un año de una suma de contratos menores que supere los 50.000 euros, “auténtico coladero para el descontrol y escasa fiscalización en ayuntamientos como el nuestro”.
