DISCAPACITADO
EL CERMI ESTATAL CONSIDERA INDIGNANTE LA ACTITUD DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Es también alcalde de Xàtiva y presidente provincial
del Partido Popular de Valencia
del Partido Popular de Valencia
JPC: El CERMI considera gravemente ofensiva contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad la actitud del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que ante las protestas de un grupo de personas con discapacidad por la inaccesibilidad de una infraestructura de nueva construcción en la localidad valenciana de Ontinyent respondió con burlas y bromas hirientes y faltas de cualquier consideración hacia este grupo social.
El CERMI Estatal se suma así a la denuncia de unos hechos incalificables realizada en los términos más categóricos por el sector social de la discapacidad de la Comunidad Valenciana , articulado en torno al CERMI CV.
Además de promover infraestructuras comunitarias (unas instalaciones deportivas) que incumplen la legislación vigente en materia de accesibilidad, lo cual implica una grave responsabilidad política y jurídica, Alfonso Rus se permitió zaherir a las víctimas de estos hechos discriminatorios haciendo chacota de las personas con discapacidad y de sus derechos.
El CERMI ha puesto estos hechos en conocimiento del Consejo Nacional de la Discapacidad por si los mismos pudieran constituir una conducta de acoso contra las personas con discapacidad prohibida y sancionada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Es también el Presidente provincial del Partido Popular de Valencia
y Alcalde Xätiva
Alfonso Rus El también alcalde de Xàtiva y presidente provincial del Partido Popular de Valencia y se encuentra en procedimiento judicial por insultar a tres profesores en que los letrados de la acusación han reclamado que Rus sea condenado por una "falta de injurias" al pago de 100 euros diarios durante veinte días, y piden la misma condena por una falta de amenazas, en total 4.000 euros.
