DISCAPACIDAD
EL CERMI AVANZA SU INFORME DE DERECHOS HUMANOS
Y DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
JPC: La delegada del CERMI para la Convención de la ONU, Ana Sastre, ha presentado, durante la III Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad, un avance del Informe de Derechos Humanos y Discapacidad en España 2010, que se publicará próximamente, al que se ha referido como “un compromiso” que el CERMI asumió desde que entra en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país.
“Es un motor importante para avanzar en el reconocimiento de los derechos de este grupo social y para mejorar su calidad de vida y la de sus familias”, ha añadido. Para Sastre, este informe es un organismo independiente de seguimiento del cumplimiento de la Convención en los Estados que ratifican el texto.
En este sentido, ha manifestado que fruto de ese compromiso, “es nuestro deber promover, proteger y supervisar todo lo relacionado con los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, así como hacer propuestas que sirvan para avanzar en ese reconocimiento y respeto de los derechos”.
Según Sastre, este informe recoge también todas aquellas consultas o quejas que pueden constituir una vulneración de los derechos humanos que el CERMI recibe en su asesoría jurídica. Así, ha confirmado el incremento notable del número de consultas recibidas en 2010. “En 2009 recibimos 207 consultas o quejas, mientras que en 2010, 408. De todas ellas, 16 consultas afectaban a niñas con discapacidad y 17 a niños, mientras que 218 procedían de hombres y 144, de mujeres”, ha agregado.
En cuanto a la materia de las consultas, ha destacado que las más invocadas son las administrativas y las relacionadas con la Seguridad Social y, según ella, lo que más ha llamado la atención es que se han incrementado aquéllas que pertenecen al ámbito de la LIONDAU. “Son cada vez más las personas que son capaces de identificar situaciones de discriminación, pasando de un 3% de consultas en 2009 al 9% en 2010”, ha comentado.
Entre otras materias, también son bastante reclamados los temas fiscales, con 29 consultas, y las prestaciones sociales, con un 21% del total de las consultas. Después, sobresale el empleo, sobre todo, el empleo público, que preocupa al 20%; o la vivienda, de propiedad horizontal, ya que, según ha subrayado, el 80% de las viviendas españolas tiene problemas de accesibilidad. Y, por último, muchas consultas están relacionadas con la educación, “siendo necesaria la normalización de una educación inclusiva”.
Ana Sastre ha señalado la identificación de distintas áreas recogidas en el Informe, en las que se manifiestan situaciones de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Se ha referido a las violaciones por incompatibilidad legislativa, causadas por la ausencia de un enfoque de derechos humanos; la ausencia de igualdad de oportunidades por falta de regulación, por la violación de la legislación, sobre todo, en materia de accesibilidad, o por falta de enfoque de perspectiva de género; y la violación del principio de participación y consulta de las personas con discapacidad.
“Es necesario modificar la legislación que suponga situaciones de discriminación. Es necesario seguir trabajando en la toma de conciencia en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Hay graves incumplimientos de la ley y es importante trabajar en la toma de conciencia social que evite incumplimientos y refuerce el enfoque de derechos humanos de la discapacidad”, ha concluido. Apertura de la jornada
Durante la inauguración de la jornada, el decano del Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de Justicia gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Luis Nieto, ha hecho referencia al convenio firmado en 2004 por la entidad a la que representa, el CERMI y Fundación ONCE.
En este sentido, ha confirmado su compromiso en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, de una mejora de la justicia, que sea “más abierta y transparente” para las personas con discapacidad. Así, ha destacado la eliminación de barreras, la sensibilización del sector, el impulso en servicios de orientación jurídica para las situaciones de discapacidad, la formación.
Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, se ha referido al Consejo General de la Abogacía Española como un órgano “promotor de la justicia y encargado de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.
También ha destacado los logros del sector social de la discapacidad en los últimos años, como el pasar de considerar la discapacidad como una fatalidad a una manifestación humana de la diversidad, así como que ha pasado a tener un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, ha resaltado cómo el sector social de la discapacidad se ha convertido en el motor social de las políticas de discapacidad, así como que hay una mayor participación política de las demandas de la discapacidad.
Por último, ha apostado por una nueva cultura jurídica asumida por las personas con discapacidad y se ha referido al ordenamiento jurídico español, destacando su cambio de visión con respecto a la discapacidad, desde el enfoque de los derechos humanos. Sin embargo, ha reconocido que todavía hay pocos profesionales en el sector jurídico que estén especializados en esta materia.
